El Conflicto: Denuncia Penal por Liquidación Devengada Impaga
Un padre de familia afrontaba una liquidación de pensiones de alimentos devengadas por S/ 14,500 en un juzgado de paz letrado, originada durante un periodo prolongado de desempleo. Al no poder cancelar la suma en el requerimiento judicial de 3 días, el expediente fue remitido a la Fiscalía Penal.
El Ministerio Público le abrió investigación penal preparatoria por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar (Art. 149 CP), lo que implicaba una inminente acusación fiscal con pedido de hasta 3 años de cárcel y el riesgo inminente de perder su empleo actual en una empresa minera.
Estrategia Procesal: Negociación Técnica y Cronograma Garantizado
Activamos inmediatamente la salida alternativa antes de que el fiscal formulara acusación ante el juez penal:
Solicitud de Audiencia Fiscal de Aplicación del Principio de Oportunidad: Invocamos el artículo 2 del Código Procesal Penal, que faculta al fiscal a abstenerse del ejercicio de la acción penal cuando el investigado repara el daño ocasionado.
Estructuración de Acuerdo Reparatorio Realista: Coordinamos con la defensa de la madre un pago inicial del 50% de la deuda líquida y un fraccionamiento balanceado del saldo en 4 cuotas mensuales respaldadas con depósito bancario.
Desestimación de Intereses Exorbitantes: Revisamos el cálculo pericial del juzgado de origen, corrigiendo dobles liquidaciones de intereses legales indebidos y reduciendo la deuda final.
Disposición Fiscal de Archivo y Cancelación de Requerimiento
Cumplido el cronograma de pago homologado en el acta de principio de oportunidad, el Despacho Fiscal emitió la Disposición de Archivo Definitivo de la investigación.
Se remitieron los oficios a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) para cancelar cualquier anotación, preservando su récord penal totalmente limpio.
Criterios Esenciales en Juicios por Alimentos
- • El Principio de Oportunidad solo puede aplicarse en sede fiscal antes de la acusación; demorar la asesoría jurídica puede cerrar esta salida legal.
- • El pago fraccionado acordado en fiscalía tiene pleno valor legal para detener mandatos de captura o condenas condicionales.
- • Paralelamente al proceso penal, debe demandarse la reducción de cuota en el juzgado civil si la situación económica ha cambiado.